Presidente destituido Lugo
Presidente destituido Lugo

En los veranos de mi adolescencia, entre los diecisiete y veintiún años de edad, varias veces asistí al casino de una ciudad balnearia de un país vecino. Simultáneamente se trataba de una aventura juvenil y de un programa nocturno. Dado que el ingreso estaba expresamente prohibido para menores de veintiuno, algunas veces logre pasar y otras no. Se dio el caso que la primera vez que concurrí con la edad adecuada, me detuvo un policía y me requirió el documento de identidad. Luego de exhibírselo, me anotició que no podía ingresar porque era inválido confirmar mi edad con un documento que tuviera más de diez años de antigüedad. ¡No podía creer lo que estaba ocurriendo! Le solicité hablar con una autoridad del Casino. Me indicó que podía dirigirme al gerente y que si él me autorizaba, podría ingresar. Luego de preguntarle cómo encontrarlo, me señaló que debía ingresar al Casino y que al final del salón encontraría su despacho. Cuando comienzo a caminar hacia éste, me detiene nuevamente el policía advirtiéndome que no podía ingresar al Casino por las razones ya expuestas. Frente a esta sorpresiva y paradojal situación, le intenté explicar la contradicción en sus argumentos: no podía ingresar; sólo el gerente me podía admitir; para ver al gerente tenía que ingresar; pero no podía ingresar. Siendo el abuso de autoridad algo propio de la época, su solución fue desenfundar una pistola y arrestarme por desacato. Probablemente mi tono de voz haya estado un poco más elevado que lo normal (¿Y cómo no?¡Era la primera vez que estaba en condiciones legales de ingresar!).
Dejando de lado lo anecdótico, en la contemporaneidad ocurre algo parecido con el concepto de soberanía y fue una de las acusaciones al presidente paraguayo Lugo lo que me llevó a este recuerdo. Si pensamos provisionalmente al concepto de soberanía como el poder supremo y absoluto en el que se fundamenta o justifica un estado, la contemporánea conformación de entidades supranacionales genera una paradoja. El texto Sovereignty de 1966 del inglés F. H. Hinsley ya la plantea: está implícito que un Estado, para pasar a formar parte de una estructura supranacional (por ejemplo, Grecia y UE) debe ser un Estado y por ello, ser soberano. A su vez, el ingreso a esta entidad supranacional implica la cesión de algunos aspectos propios de la soberanía (por ejemplo, la desaparición de la dracma y de la capacidad de emitir moneda). La paradoja: hay que ser soberano para ingresar en una entidad en la cual se cede la soberanía en su concepción más estricta.
Esta paradoja estructural la encontramos en una de las cinco acusaciones que la Cámara de Diputados paraguaya le hizo al presidente Lugo para su juicio político y posterior destitución. El parlamento paraguayo argumentó que Lugo, en su carácter de representante formal del Paraguay firmó junto a los restantes presidentes de los países miembros, el Protocolo de Ushuaia II del Mercosur, que por su contenido “constituye un ATENTADO contra la SOBERANÍA de la República del Paraguay”. Como ya hemos visto, es correcto que cuando un país pasa a formar parte de una entidad supranacional, hay ciertos aspectos de la soberanía que son cedidos en aras de esa entidad y de la cohesión de sus miembros. Cabe agregar que Lugo debió de haber posteriormente refrendado este acto por el Congreso, hecho que no ocurrió en tiempo y forma. También debemos comprender que en tiempos de proliferación de entidades supranacionales (ALCA, UE, Mercosur, UNASUR, etc.), hechos de este tipo ocurren con cierta normalidad, aunque no sean jurídicamente aceptables. ¿Qué quiere decir esto? Que los presidentes, en su mayor parte, estarían en condiciones de ser acusados y ser víctimas de juicios políticos. Sólo dependerá de la voluntad parlamentaria y de las condiciones políticas de ellos en sus países. Baste sólo como ejemplo que una democracia tan desarrollada como la de los Estados Unidos, suele encontrarse con el problema de los presidentes que declaran y han declarado guerras sin dar cumplimiento en tiempo y forma a los aspectos jurídicos que lo subordinan al Congreso.
Sólo considerando este aspecto, podemos sospechar la manifiesta intencionalidad del parlamento paraguayo de utilizar una zona jurídica paradójica para destituir a un presidente.
Alejandro Fidias Fabri

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